Educar en valores constitucionales no vulnera los derechos de nadie

El Tribunal Supremo ha decidido, por 22 votos a favor y 7 en contra, que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para Educación para la Ciudadanía (EpC), confirmando así la obligatoriedad de esta asignatura. El pronunciamiento del TS unifica la jurisprudencia respecto a esta cuestión, que ha generado centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos. Aclarada por tanto la cuestión jurídica, es momento también de recordar con perspectiva y valorar políticamente lo ha que ha sucedido desde la aprobación de esta nueva asignatura.

Hace ya 3 años, cuando el Gobierno Socialista aprobó la LOE con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, que el Partido Popular se deslizó por la peligrosa pendiente de la irresponsabilidad en un asunto tan serio como es la educación. En una estrategia absolutamente electoralista, el Partido Popular decidió llevar también la crispación política a las aulas de nuestro país, en su enésimo intento por desgastar al gobierno a cualquier precio, fomentando una división en la comunidad educativa en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía a través de una intolerable campaña de insumisión a esta asignatura.

Los dirigentes populares, con Mariano Rajoy a la cabeza lideraron “esta cruzada” contra el gobierno. Algunos gobiernos autonómicos del PP como los de Madrid, Murcia y Valencia decidieron abdicar de sus responsabilidades de gobierno en materia de educación (incluidas las tareas propias de un gobierno como son cumplir y hacer cumplir las leyes). En concreto, en comunidades como la mía, la Comunidad Valenciana, hemos visto cómo mientras tenemos miles de barracones en lugar de aulas decentes, se invertía dinero público en la ridícula propuesta del Sr. Camps que consistía en que un profesor impartía Educación para la Ciudadanía en inglés en presencia de otro profesor que ejercía como traductor. Una escena delirante propia del humor del absurdo de Tip y Col.

Pero lo más grave ha sido que, enarbolando un inexistente derecho a la objeción de conciencia ante esta asignatura, invitaron al absentismo escolar en esta materia, sin reparar en las consecuencias que esto podía tener para los alumnos y alumnas. Estos dirigentes políticos tendrán hoy que explicar muchas cosas a esos ciudadanos a los que convencieron, animaron y acompañaron en la decisión de no llevar a sus hijos/as a clase. En democracia, confundir a los ciudadanos no es precisamente el mejor camino para ganarse su confianza.

El Partido Popular, en su permanente ceremonia de la confusión, ha ido demasiado lejos en este asunto, anteponiendo una vez más sus intereses al interés general. Los profesores/as, las madres y los padres, los alumnos y las alumnas no se merecen una política basada en la práctica del obstruccionismo desde las administraciones públicas cuando hablamos de servicios públicos y de derechos como son la educación. Sencillamente no lo merecen. Sonroja tener que recordar estas cosas pero la práctica política del PP, como nos demuestra hoy esta sentencia, obliga a hacerlo.