Una ley mejor para la interrupción voluntaria del embarazo

En los últimos comentarios que me habéis enviado he observado que tenéis algunas dudas sobre la reforma de la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y creo que es importante que aclaremos las sombras que podáis encontrar en un tema tan relevante y riguroso como este. Es nuestra responsabilidad explicar claramente nuestra posición en este asunto.

Es importante comenzar recordando que estamos hablando de una Ley que entró en vigor hace ya 23 años y en este camino ha demostrado que tiene algunas carencias importantes. El tiempo ha demostrado que no garantiza la seguridad jurídica ni a las mujeres ni a los profesionales. Tampoco está garantizada la igualdad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria, con diferencias intolerables entre unas comunidades y otras.

Ya en 1995 las Naciones Unidas declararon que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluyendo su salud sexual y reproductiva. Así, instaron a los países a reformar sus legislaciones para garantizar los derechos de las mujeres en este sentido.
El resto de países de Europa ya lo hicieron, centrándose en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, al igual que de los hombres. La mayoría optaron por el mismo modelo que hoy se propone, un modelo mixto de ley de plazos e indicaciones.

El 37 Congreso del PSOE planteó la necesidad de responder esta demanda ciudadana, y el Gobierno decidió poner en marcha los mecanismos que permitan alcanzar el consenso necesario ante una Ley tan importante. Para ello, se constituyeron una Comisión de Expertos independientes y de prestigio profesional, y una Subcomisión Parlamentaria en la que participan los diferentes grupos políticos. De este modo hemos contado con la opinión de un número de voces representativas, plurales y acreditadas de nuestro país, sumadas al conocimiento y la experiencia de los expertos en la materia.

Lo que esta comisión de expertos nos ha dicho es que debemos legislar, al igual que los países vecinos de la UE, bajo el respeto de los Derechos Humanos de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Así, es la primera ocasión en que por fin, se primará el derecho a decidir de la mujer en condiciones seguras, médicamente adecuadas y sin consecuencias penales, sobre un embarazo no deseado.

Los plazos e indicaciones que proponen para la nueva Ley son: que exista consentimiento expreso de la mujer embarazada, que la prestación se lleve a cabo por un médico y en centro público, concertado o privado acreditado.

Además, se deberá entregar a la mujer toda la información relevante sobre ayudas públicas y cobertura sanitaria de la gestación y parto, derechos laborales a la maternidad, centros para la práctica de la intervención y su cobertura, aspectos de la intervención, métodos anticonceptivos, etc. y se establece un período de reflexión, de al menos tres días, antes de la llevar a cabo la interrupción.
Sólo en casos excepcionales, en los que exista grave peligro para la vida o la salud de la embarazada o se detecte graves anomalías en el feto, se permitiría interrumpir el embarazo hasta la semana 22 de gestación.

Sin perder de vista que estas son las recomendaciones de los expertos creo también que todas ellas, una vez explicadas, cuentan con mucho sentido común.

En relación al caso de las menores de 16 años hay que precisar que, actualmente pueden interrumpir un embarazo no deseado el con consentimiento de sus representantes legales. Lo que los expertos plantean es que la Ley de autonomía del paciente, establece que el consentimiento de un menor es relevante respecto de cualquier prestación sanitaria con tal de que comprenda el acto médico al que se somete y que ambos supuestos son incoherentes entre sí.

Explican que si a partir de los 16 años tienen responsabilidad penal, pueden casarse y tener hijos, se reconoce la plena libertad sexual de los menores a partir de los 13 años, edad en la que pueden consentir relaciones, deben poder decidir también si no siguen adelante con un embarazo no deseado.

Desde algunos sectores se pretende generar inquietud en este aspecto, especialmente desde el PP que aplica la moral para hablar de un Derecho fundamental y una prestación sanitaria.
A esas personas yo les preguntaría: ¿qué ocurre cuando los padres quieren someter a la hija a una IVE y ella no quiere? ¿También aquí seria irrelevante su consentimiento? Con la propuesta presentada no, ella es quien decide; Plantean que con 16 años una mujer es inmadura para afrontar un aborto y entonces, la pregunta es clara: ¿es inmadura entonces para interrumpir el embarazo pero no lo es para una responsabilidad tan grande como es ser madre?

También debemos considerar, según las opiniones de los expertos, que existen casos en los que la razón por la que la menor no quiere pedir consentimiento a sus progenitores no es solo por falta de confianza: es que no puede haberla porque viven en un entorno de violencia, en donde el propio embarazo es consecuencia de abusos por parte de familiares, educadores, compañeros de estudios o trabajo… precisamente lo que pretenden es mantener su intimidad, no exponerse ante quienes son responsables de su situación, incluso sus propios padres o tutores…

La propuesta que se ha presentado parte de que la IVE debe ser consentida por los padres, pero también se pretende que pueda ser consentida, como cualquier otra intervención, por jóvenes de 16 y 17 años en casos en los que ellas entiendan su alcance y así lo manifiesten. Algo que ya ocurre en Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Holanda, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia o Eslovenia.
Espero haber podido aportar algo de luz sobre este tema, pues hablamos de algo mucho más serio que falsas moralinas. Se trata de Derechos Humanos, de dignidad como personas, de situaciones de indefensión de las mujeres. No podemos permitir demagogia sobre esto.

Va a comenzar por tanto un debate parlamentario que exige el máximo rigor y la máxima responsabilidad y el PP tendrá que retratarse un responder a algunas preguntas: ¿Están a favor o en contra de que las mujeres de este país no tengan que pagar penalmente por interrumpir voluntariamente su embarazo? , ¿están a favor o en contra de que los profesionales tengan seguridad jurídica suficiente para poder ejercer su profesión con todas las garantías?, ¿están a favor en contra de que España tenga una ley acorde con la mayoría de legislaciones europeas?