Ayer tuve la oportunidad de presentar una conferencia de Consuelo Rumí sobre uno de los retos más complejos y apasionantes que tenemos en el escenario político del siglo XXI: los flujos migratorios y la integración social de los inmigrantes en las sociedades de hoy. Una conferencia que ha adelantado las líneas estratégicas de la nueva Ley de Extranjería que se va tramitar en los próximos meses y que consolidará los derechos y deberes de los inmigrantes en nuestro país. También regulará los derechos fundamentales de asociación, manifestación y reunión que la ley del Partido Popular vulneraba y que el Tribunal Constitucional reconoció.
Los socialistas asumimos desde el inicio de nuestra acción de gobierno el reto, nada fácil, de gestionar los cambios que representa la inmigración hoy. Es decir, de convertir en una política de estado el segundo fenómeno social más importante para la sociedad española y para nuestra cultura desde la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Lo demostramos en la oposición, ofreciendo ya entonces un pacto de estado al gobierno, y lo hemos demostrado desde el gobierno vinculando esta política al mercado laboral como el marco natural y más eficaz de integración real de los inmigrantes en vez de mirar hacia otro lado, y movilizando recursos públicos por primera vez en la historia para esta política con el objetivo facilitar la socialización de la población inmigrante en nuestro país.
También planteamos que era urgente una política común europea en materia de inmigración que ha ido configurándose contando siempre con el impulso de la política española en este sentido. Y esta misma semana el Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva, a iniciativa de España entre otros, que será un buen instrumento para combatir la inmigración ilegal en toda la Unión Europea. Una directiva que impone penas similares en todos los Estados miembros para los empleadores que ofrezcan trabajo a inmigrantes que residen de manera ilegal en el país y cuyas sanciones ya se aplican en nuestro país (con multas entre 6.000 y 60.000€).
Porque en un momento en el que la peor consecuencia de esta crisis en toda Europa es el desempleo debemos ser conscientes de la realidad e impedir los abusos que se producen en las zonas sombrías de nuestro propio sistema, dando lugar a situaciones de explotación intolerables en nuestro sistema de valores y que al mismo tiempo pueden convertirse en un peligroso caldo de cultivo para la xenofobia como las movilizaciones que han sido noticia estos días en Gran Bretaña.
Pero de Gran Bretaña, en concreto del cine de Ken Loach, nos llega también un retrato tan crudo como certero de las condiciones en las que trabajan los extranjeros irregulares que son explotados al cobijo de las zonas sombrías de nuestro sistema. Os recomiendo, si no la habéis visto, su película “En un mundo libre” para ver el rostro de la precariedad y la clandestinidad en la que trabajan miles de personas en Europa.
Hoy al menos sabemos que los explotadores lo tendrán más complicado, o que pagarán por ello si infringen los derechos de los trabajadores, también de los más vulnerables, los inmigrantes.
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